Hay momentos en los que una sociedad demuestra que es capaz de ponerse de acuerdo en lo esencial.
Estos días, España está viviendo uno de esos momentos.
La decisión de avanzar hacia una limitación clara del acceso de menores de 16 años a las redes sociales no es un gesto ideológico ni una ocurrencia política. Es un acto de responsabilidad colectiva, alineado con lo que llevamos tiempo reclamando muchas familias, profesionales de la salud y de la educación que convivimos a diario con las consecuencias del uso precoz y desregulado de la tecnología.
Y tan colectiva es esa responsabilidad que, en los últimos años, representantes políticos de muy distintos signos y sensibilidades se han reunido con nosotros como asociación para escuchar, dialogar y apoyar —cada uno desde su ámbito— la necesidad de proteger mejor a la infancia en el entorno digital. Ese diálogo transversal es, en sí mismo, una buena noticia para el país.
España se suma así a un debate internacional serio y necesario, y lo hace desde una posición que merece ser reconocida: situar la protección de la infancia como una prioridad democrática. No hablamos de prohibir ideas ni de silenciar opiniones, sino de regular plataformas comerciales cuyo funcionamiento responde a intereses económicos y de captación de atención, no al bienestar ni al desarrollo de los menores.
Por eso es importante decirlo con claridad: esto no es censura.
La censura impide expresarse; esta medida establece límites de acceso por edad, como ya hacemos en otros ámbitos de la vida. Llamar censura a esto es como llamar dictadura a que un niño no pueda entrar solo en un casino. No restringe libertades, protege derechos.
En estos días estamos escuchando en tertulias y debates una idea recurrente: que son las familias las únicas responsables de poner límites, de decidir si dar o no un móvil, de controlar el acceso a internet. Y es cierto que las familias tenemos un papel fundamental. Pero no podemos ni debemos estar solas.
La educación de la infancia y la adolescencia nunca ha sido una tarea aislada, sino una responsabilidad compartida entre familias, escuela, profesionales sanitarios, instituciones y un marco legal que acompañe. Ninguna familia puede competir sola con industrias globales diseñadas para captar atención, datos y tiempo de vida.
Resulta curioso que, en este debate, quienes más invocan la palabra “libertad” sean los grandes propietarios de plataformas digitales, mientras que quienes menos voz tienen son precisamente los niños y adolescentes cuyos datos, atención y tiempo se convierten en el producto.
Lo verdaderamente relevante de este momento es que, por una vez, el consenso político y social es amplio. Diferentes sensibilidades, distintos partidos y niveles institucionales coinciden en algo fundamental: que la infancia necesita límites claros en el entorno digital y que esa responsabilidad no puede recaer únicamente en las familias.
Ningún partido debería ponerse una medalla por haber llegado hasta aquí. Más bien, todos deberían reconocer que este debate lo han abierto tarde y sólo cuando las familias hemos dicho “basta”. Pero esa tardanza solo puede repararse de una manera digna: dejando a un lado las siglas y poniéndose de acuerdo para proteger a la infancia.
Defender esta medida no es defender a un gobierno ni a un presidente. Es defender una idea profundamente cívica: que una sociedad madura se reconoce por cómo protege a quienes aún no pueden protegerse solos.
Regular no es prohibir a los menores.
Es poner límites a las plataformas.
Y hacerlo no nos hace menos libres, sino más responsables, más justos y más dignos como país.
Junta Directiva de Educación Digital Responsable ❤️
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